No al recorte de los derechos de manifestación y huelga.
El fiscal Torres-Dulce también pide reprimir la libertad de expresión
Propone actuar contra quienes utilizan este derecho y el de reunión "para ir más allá y socavar los cimientos de
El fiscal Torres-Dulce también pide reprimir la libertad de expresión
Propone actuar contra quienes utilizan este derecho y el de reunión "para ir más allá y socavar los cimientos de
l Estado de Derecho".
El vocal del CGPJ José Manuel Gómez Benítez cree que "modular" el derecho de manifestación, como quiere Cristina Cifuentes, es propio de dictaduras.
La Policía pidió identificar dos cuentas vinculadas a
la convocatoria del 25-S
El juez ordenó la diligencia hace 15 días en la investigación a promotores de la manifestación.
El juez Pedraz pide las actas del Congreso del 25-S que reflejan que no se alteró el orden
Si la manifestación no afectó al funcionamiento de la Cámara, no puede imputarse delito contra las instituciones del Estado
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha requerido a la página web del Congreso de los Diputados el diario de sesiones correspondiente al pasado 25 de septiembre. El magistrado quiere comprobar documentalmente que la manifestación"Rodea el Congreso", desarrollada ese día, no alteró el normal funcionamiento de la Cámara, lo que descartaría un delito contra las altas instituciones del Estado.
Las 76 páginas del diario de sesiones del Congreso que recogen lo sucedido en el Pleno del 25 de septiembre, están disponibles en la web de la Cámara para cualquier ciudadano desde el pasado 26 de septiembre.
La sesión se inició a las 16.05 horas y terminó a las 22.50, votándose dos proposiciones de ley, dos no de ley, y tres mociones. No se recogen incidencias en el funcionamietno de la sesión provocadas por la manifestación, ni por ninguna otra causa.
El juez Pedraz ha decidido comprobar personalmente este diario de sesiones, requiriendo al Congreso a través de su web que se lo envíe. Lo hace en el marco de las diligencias que tiene abiertas contra ocho supuestos promotores de la manifestación del 25-S, a quienes ha citado a declarar el próximo jueves día 4 como imputados en un delito del artículo 494 del Código Penal.
El citado artículo señala que "incurrirán en la pena de prisión de seis meses a un año o multa de doce a veinticuatro meses los que promuevan, dirijan o presidan manifestaciones u otra clase de reuniones ante las sedes del Congreso de los Diputados, del Senado o de una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma, cuando estén reunidos, alterando su normal funcionamiento".
La intención del juez es estudiar el desarrollo de la sesión con la intención de comprobar si las protestas alteraron en alguna medida su normal funcionamiento. Ese detalle es necesario para mantener o, en su caso, levantar la imputación a las ocho personas citadas a declarar.
Tras las manifestaciones del 25-S, el mismo juez Pedraz no apreció indicios de delitos contra las altas instituciones del Estado en la actuación de las 34 personas detenidas por la Policía, por lo que recabó que pasasen a disposición de la justicia ordinaria.
Sin embargo, la juez de Instrucción de Madrid Rosario Espinosa, en quien recayó la causa, sí ha apreciado esos delitos, en concreto del artículo 493 del Código, que persigue a "los que, sin alzarse públicamente, invadieren con fuerza, violencia o intimidación las sedes del Congreso de los Diputados, del Senado o de una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma, si están reunidos" y prevé para ellos la pena de prisión de tres a cinco años.
Por ello, ha acordado reenviar el caso al juez Pedraz. Si éste mantiene que no es competente, la cuestión sobre quien instruye la causa la decidirá el Tribunal Supremo.
Cifuentes aboga por cambiar la ley para "modular" el derecho de manifestación
La delegada del Gobierno en Madrid considera que la norma que lo regula, de 1983, "tiene muchos años". "No puede ser que en un mismo día en Madrid haya diez manifestaciones en la misma zona", dice la señora.
La delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, ha afirmado este martes que la Ley es "muy permisiva y amplía" con el derecho de reunión y manifestación y ha apostado por"modularla" para "racionalizar el uso del espacio público". En una entrevista en RNE, Cifuentes ha afirmado que Madrid es "una ciudad complicada porque las manifestaciones son permanntes y su cifra desmesurada". Así, ha detallado que en lo que llevamos de año se han producido casi 2.200.
"El tema de las movilizaciones es una cuestión puntual que viene dada por el momento político y propiciado porque hay grupos que tratan de conseguir en la calle lo que no han conseguido en las urnas", ha esgrimido. Aunque ha asegurado que el derecho de manifestación es constitucional "y no se necesita autorización previa", apuesta por compatibilizarlo con el derecho que tienen el resto de la población "de poder estar en una ciudad que sea habitable". "Significa poder circular con tranquilidad, que no haya incidentes, disturbios, que no haya problemas de orden público. Es muy objetivo y trato de conseguirlo", ha agregado.
En este sentido, Cifuentes defiende un cambio legislativo, aunque no tiene claro cómo se realizaría. "Lo que quiero es abrir un debate porque cualquier modificación tiene que ser adoptada por un amplio consenso". "El derecho manifestación lo recoge la Constitución es su artículo 21 y no creo que haya que cambiar la Constitución. Este derecho tiene que seguir siempre en todo caso un derecho constitucional. Estamos en una sociedad democrático y los derechos de los ciudadanos no se pueden recortar", ha avanzado.
Sin embargo, considera que el derecho de reunión hay que "modularlo" porque la Ley Orgánica que lo recoge, de 1983, "tiene muchos años". "Habría que modificarla, no para recortar derechos, pero sí para racionalizar el uso del espacio público. No puede ser que en un mismo día en Madrid haya diez manifestaciones en la misma zona. Los comerciantes y vecinos del Centro de Madrid están desesperados con toda la razón", ha dicho. La delegada del Gobierno en Madrid ha apuntado que la reforma debería dar a la Administración "cierto margen para modificar las horas, cambiar determinados lugares para compatibilizar el derecho de manifestación, que no hay que restringirlo en absoluto, sino para garantizar el derecho de los ciudadanos a no estar en una ciudad que es ocasiones es inhabitable".
Cifuentes ha señalado que lo único que pueden hacer contra, por ejemplo, los cortes indiscriminados de tráfico que todos los viernes protagonizan "grupos de liberados sindicales que trabajan en los Ministerios que van cortando de manera indiscriminada las calles" es identificarles y sancionarles administrativamente. No obstante, ha indicado que la mayoría de las manifestaciones que ha habido en estos meses han sido pacíficas y la gran mayoría de sus participantes han ido pacíficamente a protestar. "Muchas de las actuaciones que hace la Policía Nacional son para proteger el derecho de la manifestación y no está para reprimir derechos", ha indicado la señora.
Los sindicatos policiales dicen que la manifestación "es un derecho sagrado"
El SUP y la CEP rechazan tajantemente la modificación de la ley que propone la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes.
Los dos principales sindicatos policiales, el SUP y la CEP, han replicado este martes a la delegada de Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, que "no es necesario" modular la ley que regula el derecho de manifestación al tiempo que le han recordado que se trata de un "derecho sagrado". Cifuentes, ha afirmado este martes que la Ley es "muy permisiva y amplía" con el derecho de reunión y manifestación y ha apostado por "modularla" para "racionalizar el uso del espacio público". Ha afirmado que Madrid es "una ciudad complicada porque las manifestaciones son permanentes y su cifra desmesurada".
"No hay que modificar nada, lo que habría es que aplicar la ley que tenemos de reunión y manifestación y cuando no cumpla con los requisitos no autorizarla", ha dicho en declaraciones a Europa Press el secretario de comunicación del Sindicato Unificado de la Policía (SUP), José María Benito, para quien "no es necesario un cambio normativo de un derecho fundamental". Se ha mostrado de acuerdo con Cifuentes en que Madrid es el "manifestódromo" y el "espejo nacional donde todo el mundo quiere manifestarse", pero insiste en que eso no es suficiente para pretender modificar la Ley de reunión y manifestación".
"No estamos en absoluto de acuerdo. El derecho de reunión y manifestación debe ser un derecho sagrado en un país democrático", ha enfatizado el secretario general de la Confederación Española de la Policía (CEP), Ignacio López, quien ha cuestionado a Cifuentes preguntándose si pretende modular la ley sólo en Madrid, dejando el resto de ciudades con un espacio jurídico diferente. Según ha dicho, esta "es una época de conflictividad donde una parte de la ciudadanía está en una situación complicada". "No se debe restringir ningún derecho y menos el de reunión y manifestación", ha concluido.
El vocal del CGPJ José Manuel Gómez Benítez cree que "modular" el derecho de manifestación, como quiere Cristina Cifuentes, es propio de dictaduras.
La Policía pidió identificar dos cuentas vinculadas a
la convocatoria del 25-S
El juez ordenó la diligencia hace 15 días en la investigación a promotores de la manifestación.
El juez Pedraz pide las actas del Congreso del 25-S que reflejan que no se alteró el orden
Si la manifestación no afectó al funcionamiento de la Cámara, no puede imputarse delito contra las instituciones del Estado
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha requerido a la página web del Congreso de los Diputados el diario de sesiones correspondiente al pasado 25 de septiembre. El magistrado quiere comprobar documentalmente que la manifestación"Rodea el Congreso", desarrollada ese día, no alteró el normal funcionamiento de la Cámara, lo que descartaría un delito contra las altas instituciones del Estado.
Las 76 páginas del diario de sesiones del Congreso que recogen lo sucedido en el Pleno del 25 de septiembre, están disponibles en la web de la Cámara para cualquier ciudadano desde el pasado 26 de septiembre.
La sesión se inició a las 16.05 horas y terminó a las 22.50, votándose dos proposiciones de ley, dos no de ley, y tres mociones. No se recogen incidencias en el funcionamietno de la sesión provocadas por la manifestación, ni por ninguna otra causa.
El juez Pedraz ha decidido comprobar personalmente este diario de sesiones, requiriendo al Congreso a través de su web que se lo envíe. Lo hace en el marco de las diligencias que tiene abiertas contra ocho supuestos promotores de la manifestación del 25-S, a quienes ha citado a declarar el próximo jueves día 4 como imputados en un delito del artículo 494 del Código Penal.
El citado artículo señala que "incurrirán en la pena de prisión de seis meses a un año o multa de doce a veinticuatro meses los que promuevan, dirijan o presidan manifestaciones u otra clase de reuniones ante las sedes del Congreso de los Diputados, del Senado o de una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma, cuando estén reunidos, alterando su normal funcionamiento".
La intención del juez es estudiar el desarrollo de la sesión con la intención de comprobar si las protestas alteraron en alguna medida su normal funcionamiento. Ese detalle es necesario para mantener o, en su caso, levantar la imputación a las ocho personas citadas a declarar.
Tras las manifestaciones del 25-S, el mismo juez Pedraz no apreció indicios de delitos contra las altas instituciones del Estado en la actuación de las 34 personas detenidas por la Policía, por lo que recabó que pasasen a disposición de la justicia ordinaria.
Sin embargo, la juez de Instrucción de Madrid Rosario Espinosa, en quien recayó la causa, sí ha apreciado esos delitos, en concreto del artículo 493 del Código, que persigue a "los que, sin alzarse públicamente, invadieren con fuerza, violencia o intimidación las sedes del Congreso de los Diputados, del Senado o de una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma, si están reunidos" y prevé para ellos la pena de prisión de tres a cinco años.
Por ello, ha acordado reenviar el caso al juez Pedraz. Si éste mantiene que no es competente, la cuestión sobre quien instruye la causa la decidirá el Tribunal Supremo.
Cifuentes aboga por cambiar la ley para "modular" el derecho de manifestación
La delegada del Gobierno en Madrid considera que la norma que lo regula, de 1983, "tiene muchos años". "No puede ser que en un mismo día en Madrid haya diez manifestaciones en la misma zona", dice la señora.
La delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, ha afirmado este martes que la Ley es "muy permisiva y amplía" con el derecho de reunión y manifestación y ha apostado por"modularla" para "racionalizar el uso del espacio público". En una entrevista en RNE, Cifuentes ha afirmado que Madrid es "una ciudad complicada porque las manifestaciones son permanntes y su cifra desmesurada". Así, ha detallado que en lo que llevamos de año se han producido casi 2.200.
"El tema de las movilizaciones es una cuestión puntual que viene dada por el momento político y propiciado porque hay grupos que tratan de conseguir en la calle lo que no han conseguido en las urnas", ha esgrimido. Aunque ha asegurado que el derecho de manifestación es constitucional "y no se necesita autorización previa", apuesta por compatibilizarlo con el derecho que tienen el resto de la población "de poder estar en una ciudad que sea habitable". "Significa poder circular con tranquilidad, que no haya incidentes, disturbios, que no haya problemas de orden público. Es muy objetivo y trato de conseguirlo", ha agregado.
En este sentido, Cifuentes defiende un cambio legislativo, aunque no tiene claro cómo se realizaría. "Lo que quiero es abrir un debate porque cualquier modificación tiene que ser adoptada por un amplio consenso". "El derecho manifestación lo recoge la Constitución es su artículo 21 y no creo que haya que cambiar la Constitución. Este derecho tiene que seguir siempre en todo caso un derecho constitucional. Estamos en una sociedad democrático y los derechos de los ciudadanos no se pueden recortar", ha avanzado.
Sin embargo, considera que el derecho de reunión hay que "modularlo" porque la Ley Orgánica que lo recoge, de 1983, "tiene muchos años". "Habría que modificarla, no para recortar derechos, pero sí para racionalizar el uso del espacio público. No puede ser que en un mismo día en Madrid haya diez manifestaciones en la misma zona. Los comerciantes y vecinos del Centro de Madrid están desesperados con toda la razón", ha dicho. La delegada del Gobierno en Madrid ha apuntado que la reforma debería dar a la Administración "cierto margen para modificar las horas, cambiar determinados lugares para compatibilizar el derecho de manifestación, que no hay que restringirlo en absoluto, sino para garantizar el derecho de los ciudadanos a no estar en una ciudad que es ocasiones es inhabitable".
Cifuentes ha señalado que lo único que pueden hacer contra, por ejemplo, los cortes indiscriminados de tráfico que todos los viernes protagonizan "grupos de liberados sindicales que trabajan en los Ministerios que van cortando de manera indiscriminada las calles" es identificarles y sancionarles administrativamente. No obstante, ha indicado que la mayoría de las manifestaciones que ha habido en estos meses han sido pacíficas y la gran mayoría de sus participantes han ido pacíficamente a protestar. "Muchas de las actuaciones que hace la Policía Nacional son para proteger el derecho de la manifestación y no está para reprimir derechos", ha indicado la señora.
Los sindicatos policiales dicen que la manifestación "es un derecho sagrado"
El SUP y la CEP rechazan tajantemente la modificación de la ley que propone la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes.
Los dos principales sindicatos policiales, el SUP y la CEP, han replicado este martes a la delegada de Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, que "no es necesario" modular la ley que regula el derecho de manifestación al tiempo que le han recordado que se trata de un "derecho sagrado". Cifuentes, ha afirmado este martes que la Ley es "muy permisiva y amplía" con el derecho de reunión y manifestación y ha apostado por "modularla" para "racionalizar el uso del espacio público". Ha afirmado que Madrid es "una ciudad complicada porque las manifestaciones son permanentes y su cifra desmesurada".
"No hay que modificar nada, lo que habría es que aplicar la ley que tenemos de reunión y manifestación y cuando no cumpla con los requisitos no autorizarla", ha dicho en declaraciones a Europa Press el secretario de comunicación del Sindicato Unificado de la Policía (SUP), José María Benito, para quien "no es necesario un cambio normativo de un derecho fundamental". Se ha mostrado de acuerdo con Cifuentes en que Madrid es el "manifestódromo" y el "espejo nacional donde todo el mundo quiere manifestarse", pero insiste en que eso no es suficiente para pretender modificar la Ley de reunión y manifestación".
"No estamos en absoluto de acuerdo. El derecho de reunión y manifestación debe ser un derecho sagrado en un país democrático", ha enfatizado el secretario general de la Confederación Española de la Policía (CEP), Ignacio López, quien ha cuestionado a Cifuentes preguntándose si pretende modular la ley sólo en Madrid, dejando el resto de ciudades con un espacio jurídico diferente. Según ha dicho, esta "es una época de conflictividad donde una parte de la ciudadanía está en una situación complicada". "No se debe restringir ningún derecho y menos el de reunión y manifestación", ha concluido.
No hay comentarios:
Publicar un comentario